La Ciudad de Las Mujeres 

Por Layla Sánchez Kuri

 

 

Hoy quiero hacer una reflexión sobre por qué es necesario que los gobiernos impulsen políticas públicas con perspectiva de género.



 

Pero, vamos por partes, ¿qué es la perspectiva de género? Es importante aclarar los conceptos que escuchamos cotidianamente en ámbitos públicos pero que muchas veces la mayoría de la gente desconoce.

 

Primero, decir que género es una categoría social o concepto teórico que sirve para explicar la desigualdad entre hombres y mujeres la cual  se conforma a partir de definir que lo femenino y lo masculino no se refieren al sexo de las personas sino a relaciones culturales e históricas donde confluyen relaciones de poder entre los géneros, y a partir de ello,  los varones, es decir, lo masculino, se ve beneficiado y lo femenino es discriminado, invisibilizado y hasta omitido.

 

Bajo este argumento, y de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

 

Las recientes decisiones del gobierno federal han generado mucha polémica. La decisión de cortar presupuesto a las estancias infantiles, la suspensión de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas dedicadas a fomentar y defender los derechos de las mujeres, y entre ellos, los refugios para mujeres violentadas.

 

Son medidas que contraviene los derechos de las mujeres y los acuerdos internacionales que México ha firmado paras la erradicación de la violencia contra las mujeres.

 

En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín, en 1995, los Estados se comprometieron a garantizar a las mujeres el acceso equitativo a oportunidades sociales, económicas, políticas, laborales, educativas, culturales y de salud, y a favorecer su desarrollo a partir de la creación de políticas públicas con perspectiva de género.

 

El no hacerlo desconoce y desvalora a las mujeres como sujetos de derecho, que además conformamos el 50 por ciento de la población del país.

 

Es necesario hacer una rectificación de estas medidas anunciadas por la presidencia de la República, o que por lo menos, explique a detalle, cómo implementará la propuesta que sustituirá a los programas sociales diseñados para cubrir esas necesidades pues ha argumentado que el Estado se hará cargo.

 

Lo mismo en los estados, donde ya se han cerrado áreas o instituciones que atienden las problemáticas específicas, como el Instituto Jalisciense de las Mujeres recientemente desaparecido por una votación en el Congreso Local.

 

Hay que entender que la atención a las problemáticas de las mujeres desde la administración pública, no es una moda, que visibilizar los temas y la inclusión de estos a la vida pública, es consecuencia de una larga lucha de las mujeres por ser reconocidas y valoradas como sujetos libres y pensantes y no es una concesión ni de los gobiernos ni de la buena voluntad de quienes los representan.