Objetar a la conciencia

por | Dic 12, 2019 | Columnistas, Destacados

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Pacta Sunt Servanda

Por Gerardo García

 

 

Suponga Usted, que la Directora de una escuela pública decide expulsar a dos alumnos que, derivado de que profesan el cristianismo no realizan ceremonias cívicas; o bien,  una mujer decide interrumpir legalmente su embarazo y el o la profesional de la salud en turno, decide no atenderla, aludiendo que su moral, su ética y su religión se lo impiden. Pues bien, ambos casos suceden en este país, y están conectados a través de un hilo llamado objeción de conciencia.

 

Antes de intentar problematizar, considero necesaria una pregunta: ¿la norma jurídica se debe obedecer sin cuestionarla?

 

Las teorías jurídicas clásicas señalan a la heteronomía como una característica innata a la norma jurídica, es decir, que el sujeto destinatario de la norma está obligado a acatarla, esté o no de acuerdo con ella, pues su contenido debe cumplirse cabalmente; sin embargo, la eficacia de la norma se garantiza si los destinatarios la asumen racionalmente por encontrarla necesaria, justa o conveniente. En este contexto, la realidad de los derechos humanos alberga la idea de que la imposición de una norma, considerada injusta desde un plano individual, produciría resultados indeseables, abriéndose así el escenario en el que pueden existir excepciones muy específicas en cuanto la inaplicación de una norma.

 

La objeción de conciencia es un buen parámetro para la explicación de estas excepciones paradigmáticas, pues podemos entenderla como un reconocimiento y aceptación de una postura individual, que tiene como finalidad la no aplicación de una ley, derivado de contradicciones personales enraizadas en creencias religiosas, ideológicas, principios éticos o morales. Es de suma importancia señalar que esta postura no pretende cuestionar la validez de esa ley para la generalidad, sino que busca solamente un estado de excepción para un caso en específico; como se planteó al principio, estas posiciones van desde los ámbitos cívico y militar, hasta aquellos en que intervienen los servicios de salud, siendo estos los que mayores animadversiones y preocupaciones presentan, pues claramente podrían provocar una afectación real a la vida, la salud y la integridad física de quienes requieran atención médica.

 

En nuestro país el tema de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario ha sido abordado, jurídicamente, por parte del Poder legislativo, siendo los Congresos locales quienes primigeniamente han reconocido esta figura.

 

Desde inicios del presente siglo, tanto Jalisco, como el otrora Distrito Federal han asentado en sus leyes estatales de salud que todos aquellos profesionales de la salud que formen parte de su sistema estatal, podrán excusarse de ser partícipes de aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores, principios éticos o creencias religiosas.

 

Jurídicamente hay materia para considerar a la objeción simplemente como desobediencia a la ley o la violación a derechos humanos; sin embargo, el debate amplio, nos obliga también a someter al análisis principios inalienables de todo ser humano, como lo son la autonomía, la libertad, y el derecho a diseñar nuestra propia vida sin coerción; sobra decir, que estos principios son cruciales en el desarrollo de una democracia constitucional.

 

Con justa razón, existe preocupación por el hecho de que el reconocimiento a la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, se traslape a una probable violación de derechos humanos como el de la salud e incluso a conductas discriminatorias en contra de sectores sociales en latente vulnerabilidad; sin embargo tanto en el caso de Jalisco, como en el de la hoy Ciudad de México, la ley contempla supuestos muy específicos en los que la objeción opera, salvaguardando la postura del Estado como dotador insustituible del acceso a la salud, e incluso dejando asentando que el derecho a la libertad de creencia, origen y apoyo de la objeción, no es un derecho absoluto e irrestricto.

 

Con el ejemplo de ambas entidades federativas, considero que actualmente la objeción no genera un escenario de peligro para el derecho a la salud, primero porque se asienta que es una situación que opera desde la esfera individual y no desde la institucional; segundo, porque determinan que los sistemas de salud estatal deberán de contar, en todo momento, con personal médico no objetor que realice los procedimientos; tercero, porque obligan al personal médico objetor a remitir a la o el paciente con los médicos no objetores; cuarto, porque aún y cuando reconocen su derecho a objetar, se privilegia el derecho humano a la salud y obligan a que en situaciones en donde se comprometa la vida del o de la paciente, deberán de realizar el procedimiento necesario.

 

Ante el cada vez mayor número de entidades federativas que han legalizado la interrupción del embarazo y/o reconocido la voluntad anticipada, considero sumamente necesario que se analice y perfeccione, a la luz de la maximización e irretroactividad de los derechos humanos,  la figura de la objeción de conciencia como una solución a una problemática social a través de un punto de entendimiento jurídico entre los derechos humanos a la salud y el de libertad de creencias, situación que en buena parte puede lograrse mediante el análisis que la Suprema Corte realiza a la acción de inconstitucionalidad promovida hace un año por la CNDH respecto de la Ley General de Salud.

 

@untaljerry_