• Concede un trato excesivamente desproporcionado entre arrendador y arrendatario

El Presidente del Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, y los diputados locales Christian Von Roehrich de la Isla y Héctor Barrera Marmolejo  señalaron que la propuesta de reforma al Código Civil para el Distrito Federal, presentada por las diputadas locales de MORENA en el Congreso de la Ciudad “es una confiscación temporal de la propiedad privada” a los arrendadores.

Para los líderes panistas la propuesta tal y como está, obliga a que el arrendamiento de vivienda no pueda ser menor a tres años, prohíbe a los arrendadores solicitar como garantía cualquier título de propiedad y además plantea que, ante la ausencia de contrato por escrito, se impida los desalojos por incumplimiento del pago de renta.

Adicionalmente se propone un catálogo de derechos del arrendatario, dentro de los cuales se contempla, que estos no podrán ser víctimas de desalojos arbitrarios y/o ilegales y/o forzosos, y en caso de desocupaciones o lanzamientos ordenados judicialmente, deberá notificarse de la diligencia con una anticipación de dos meses contados a partir de la fecha de notificación.

“No hay que olvidar que, de acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI, el 52.18% de los capitalinos cuenta con una vivienda propia, por lo que el marco legal debe garantizarles condiciones equitativas y de seguridad jurídica, y reformas como éstas se apartan de ese propósito, desincentivan la inversión y el desarrollo económico e inmobiliario de la ciudad, lo que impacta en falta de empleo y reactivación”, consideró Andrés Atayde.

En ese sentido, el vicecoordinador del GPPAN, Christian Von, señaló que “una vez más MORENA utiliza de pretexto a la pandemia para pretender imponer su retorcida ideología de izquierda a través reformas perjudiciales que atentan contra toda lógica, y atropellan el Estado de Derecho”.

 

Es completamente inaceptable que al amparo de una crisis sanitaria pretendan generar condiciones desproporcionadas, que fomentan el incumplimiento de obligaciones bilaterales y colocan en un severo estado de vulnerabilidad a quienes con el esfuerzo de todo una vida logran hacerse de un patrimonio, cuyo producto de su renta es el único medio de subsistencia para muchas personas, tenemos una muestra más de promesas electoreras, nos queda claro que están preparando su camino a las próximas elecciones con propuestas que reflejan soluciones para atraer al electorado vulnerando derechos patrimoniales”.

Héctor Barrera coincidió en que se trata de un grave atentado contra la propiedad privada, similar al que se intentó hacer con el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, en donde el texto concedía al incumplido y moroso, la protección, defensa y salvaguarda, pero que afortunadamente el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás debido a la presión de la ciudadanía.

Precisó  que es injustificable este intento de atropello, ya que el propio Código  Civil en su artículo 1796 bis establece que las partes situadas ante fenómenos imprevisibles, como lo es la crisis sanitaria y económica que atravesamos, puedan renegociar las cláusulas contractuales a fin de restablecer un equilibrio en las obligaciones y contraprestaciones mutuas.

Finalmente, Christian Von Roehrich exhortó a los ciudadanos a levantar la voz frente a esta maliciosa iniciativa que lejos de resolver una problemática en materia de arrendamiento inmobiliario, la complica y genera incentivos perversos para eludir obligaciones que al final tienen que cumplirse.

“No estamos en contra de que desde la ley se busquen soluciones favorables para quienes no pueden pagar la renta, más bien estamos a favor de generar equilibrios sanos frente circunstancias imprevisibles como la pandemia que enfrentamos, definitivamente esta iniciativa carece de ese objetivo ya que desproporciona completamente las obligaciones entre las partes y se recarga completamente de un solo lado, violando el derecho de la propiedad privada”, concluyó.