La Secretaría de Gobernación (Segob), emitió una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), tras la desaparición de mujeres en siete municipios del Estado de México.

De acuerdo con información del diario el Economista, de 2012 (administración de Eruviel Ávila Villegas 2011- 2017), a agosto de 2018, cinco mil 108 mujeres y niñas han desaparecido.

En conferencia de prensa, organizaciones y colectivos quienes impulsaron la alerta, destacaron que es la primera ocasión que la AVGM, es decretada por desaparición. Asimismo, informaron que a nivel nacional, el Estado de México tiene el índice más alto de mujeres desaparecidas, delas cuales 47 por ciento tienen entre 10 y 17 años de edad.

En ese sentido, las organizaciones Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos y  el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideraron que  la disposición representa un avance y “abre un camino de esperanza”.

 

Sin embargo, solicitaron que las recomendaciones emitidas por el Grupo Trabajo y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres adscrita a la Secretaría de Gobernación, sean reformuladas.

Lo anterior, al considerar que se trata de acciones generales de política pública y como parte de las obligaciones del gobierno del Estado de México, las cuales  no responden a la problemática específica de la desaparición.

“No es un asunto nada más de política pública, es un asunto de acciones urgentes para evitar que las niñas o adolescentes del Estado de México sean trasladadas a otros estados y sean víctimas de trata, y para evitar que las mujeres en esta entidad federativa sean víctimas de feminicidio”, puntualizó Ximena Ugarte, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Los municipios donde la AVGM fue activada son: Toluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli. Con la alerta, los tres órganos de gobierno deben implementar medidas de prevención, seguridad y justicia encaminadas a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.