¿Defender al INE?

por | Feb 14, 2020 | Columnistas, Destacados

Fotografía: Redes Sociales

Pacta Sunt Sevanda

Por Gerardo García 

 

 

Nada que esté sometido a la gravedad, se rige por la casualidad. En 2009, el hoy Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, escribió un interesante texto en donde confronta teóricamente a Hans Kelsen y Carl Schmitt respecto de dos conceptos imperiosos en el quehacer político: poder y derecho.

 

 

Estos dos conceptos se entrelazan en algo muy simple, pero que a lo largo de la historia de la humanidad ha requerido sustanciosos análisis: las formas y las reglas con las que ese poder se ejerce.

 

 

El inglés Jhon Locke, pero más aún el francés Montesquieu delinearon teóricamente una división funcional mediante la que el Estado liberal debería ejercer el poder público: a través los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

 

 

Esta división tripartita se basa en que las diversas tareas están repartidas en órganos, separados e independientes el uno de los otros, controlándose unos a otros bajo un sistema de pesos y contrapesos, garantizando que el poder per sé y las decisiones en torno a este, se concentren en uno solo.

 

 

En la actualidad, debido al desencanto de la ciudadanía con la democracia, con los gobiernos y con el afán antisistémico característico de nuestra época, los Estados contemporáneos han reajustado dogmáticamente aquel tripartismo funcional, encontrando en los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA), una respuesta a la necesidad del equilibrio constitucional, de una nueva concepción respecto del control del poder público y de contar con órganos estatales con un grado de especialización único que no esté sujeto a coyunturas o ánimos políticos, pero sobre todo que respondan dinámicamente a las necesidades y las dinámicas sociales.

 

 

Un OCA debe de tener cuatro características esenciales:

 

1) estar explícitamente establecido en la Constitución;

 

2) que sus quehaceres ayuden al buen funcionamiento del Estado;

 

3) ser plenamente autónomo y sin subordinación a ningún otro poder del Estado;

 

4) no debe limitarse a aplicar o interpretar normas diseñadas por otras instituciones, sino que debe determinar sus propias políticas internas.

 

 

En el caso mexicano, los OCA tuvieron auge en la última década del milenio anterior, y sin duda, el otrora Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, es uno emblemático.

 

 

El nacimiento del IFE estuvo precedido por álgidas protestas sociales que emplazaban a la democratización en la integración de los poderes legislativo y ejecutivo; así, se le reconoció como el organismo público responsable de la organización las elecciones, se le dotó de personalidad jurídica y patrimonio propios, de autonomía en sus decisiones, y se le obligó a actuar siempre bajo los principios jurídicos de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

 

 

Hoy, a más de 30 años de su fundación, con al menos cuatro reformas constitucionales que han transformado sus atribuciones, con un desfile de encomiables personalidades del ámbito académico y jurídico por sus entrañas, un sinfín de cuestionamientos a sus acciones y sin haber cumplido a cabalidad el objetivo de despartidizarse, me atrevo a decir que el INE es la institución que refleja a la perfección a la sociedad mexicana.

 

 

Prácticamente todos tenemos o hemos tenido un vínculo con el INE, el más encomiable, pienso yo, es que nos ha hecho reflexionar el concepto de ciudadanía, y lo que representa esta como elemento de legitimidad para el Estado mismo.

 

 

El partido en el gobierno pretende desestimar el papel fundamental que ostenta el INE como factor de equilibrio en el ejercicio del poder público, buscando que su autonomía en la toma de decisiones en materia electoral, se lacere a través del ahogamiento financiero para la operatividad de sus áreas neurálgicas, por ejemplo:

 

 

  1. el Registro Federal de Electores, que resguarda los datos biométricos de todos quienes estamos inscritos en el Padrón Electoral.

 

  1. la Unidad Técnica de Fiscalización, que revisa cada peso otorgado a y ejercido por los partidos políticos, proponiendo sanciones en su caso.

 

  1. las 300 Juntas Distritales Ejecutivas, que son la base operativa de las actividades ordinarias, y máxime en vísperas del inicio de un proceso electoral.

 

 

Hay que reconocer que nuestro sistema electoral, incluido el INE, es sumamente caro, pero esto es así porque este sistema carga consigo el elemento de desconfianza entre todos los actores políticos, lo que obliga a que el árbitro de la contienda cree e implemente mecanismos pulcros y exhaustivos, incluso jurisdiccionales, que le permitan evitar la desconfianza de cualquier proceso electoral.

 

 

A diferencia de la mayoría de lo que ha ocurrido en estos primeros meses de sexenio, el ataque contra el INE no es una ocurrencia, sino todo un plan sistémicamente orquestado. ¿Para qué? No para desmantelarlo, sino para apoderarse de él, pues en abril próximo se realizará la sustitución de cuatro de los once Consejeros Electorales que integran su Consejo General, con lo cual asegurarían tener control e injerencia en todas las decisiones y acciones que el INE realice dentro o fuera de un proceso electoral, como el de 2021.

 

 

¿Cómo ciudadanos debemos salvaguardar al INE de estos ataques? Considero que si, y no precisamente porque este órgano, per sé, esté conferido de pureza, sino más bien porque desde 1990 es el encargado de dotar del elemento de certeza que nuestro Estado mexicano, dada su historia, requiere para ejercer la función pública: renovar constante, pacífica y ordenadamente el poder público.

 

 

También es necesario defenderlo porque el INE representa, por obvias razones, un factor de contrapeso a todos los gobiernos, dado que la ciudadanía premia o castiga a través de su sufragio, situación que parecen temer, dadas las pifias en su ejercicio gubernamental.

 

 

En el punto culminante del texto del Dr. Córdova, propone una reflexión que debería animarnos a la defensa irrestricta del INE, pues manifiesta que en la concepción schmittiana, la certeza jurídica, e incluso la misma regulación social, son expuestas al riesgo de sucumbir frente al poder arbitrario, ilimitado e incontrolable, en suma, autocrático, de un sujeto que sepa y que tenga la capacidad de imponerse a los demás, y la mera imposición de la fuerza, es todo menos derecho.