TINTES POLÍTICOS

Por Saray Alvarado 

 

 

 

En abril del año 2014, con César Camacho Quiroz al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se fraguó una campaña para exterminar a un militante que construyó su carrera política enfrentando siempre inercias perversas de un partido que impedía la participación de nuevas generaciones, que se ocupaba únicamente de mantener sus cotos de poder, sus canonjías y los privilegios que les generaba conservar sus posiciones, controlar su monopolio.

 

La voz de este militante que ocupó cargos de dirección desde su seccional hasta la máxima dirigencia del partido en lo que fue el Distrito Federal, siempre cimbró a esa clase política que hoy se extingue porque nunca fue capaz de vincularse con los ciudadanos, porque vivió en una soberbia degradante que colocó al tricolor en los últimos lugares de las preferencias ciudadanas.

 

Esta perversa campaña que contó con la participación de altos funcionarios del gobierno federal, en la administración de Enrique Peña Nieto, registró un nuevo vuelco con la decisión de la Procuraduría capitalina, que hoy dirige Ernestina Godoy, de reabrir el caso luego de cinco años en los que se realizaron más de cuatro mil actuaciones que recabó el Ministerio Público, 514 documentales, 308 declaraciones y más de mil 800 llamadas telefónicas, que no arrojaron ni un solo elemento para integrar el pliego consignatorio en contra del priista.

 

La cacería inició con la información que en MVS presentó Carmen Aristegui, que según argumentaron, fue producto de una escrupulosa investigación que implicó la participación de una reportera (anónima) que grabó cuatro horas de confesiones que describían supuestas conductas delictivas, lo que generó una embestida mediática y en redes sociales sin precedente, señalando como culpable, antes de cualquier proceso legal, antes del debido proceso, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el militante y líder de esta historia.

 

Luego de ese lustro en el que diferentes instituciones como el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), del gobierno del ahora senador Miguel Ángel Mancera, y el propio partido tricolor realizaron investigaciones para intentar encontrar algún indicio que permitiera consignar al ex líder priísta, y expulsarlo de las filas de ese instituto político, todo terminó en un grueso expediente en el que no se encontró ningún delito y ninguna infracción a las reglas internas de ese partido.

 

En julio del año 2015 la PGJDF determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Gutiérrez de la Torre debido a que no se encontraron elementos constitutivos de delito. La dependencia a cargo de Rodolfo Fernando Ríos Garza emitió un oficio en el que expuso: Se desahogaron todas y cada una de las diligencias, y no existiendo alguna por desahogar mediante acuerdo de fecha del 6 de los actuales (julio), se realiza la determinación de No Ejercicio de la Acción Penal a favor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

 

Por otra parte, el 25 de agosto del año 2014, el IEDF emitió resolución sobre este asunto. A propósito de la denuncia que el 4 de abril interpuso el presidente del PRD capitalino, Raúl Flores García, en la que señaló que Gutiérrez de la Torre destinó recursos del financiamiento público del PRI en el DF para pagar los salarios de una red que presumiblemente reclutaba mujeres que le brindaban servicios sexuales, en el V Considerando de la resolución del IEDF se estableció lo siguiente:

 

«Una vez analizadas las pruebas que obran en el expediente, mismas que fueron debidamente adminiculadas, esta autoridad concluye que de los elementos que obran en el expediente no ha lugar a determinar la responsabilidad administrativa del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre («¦) Asimismo, de los resultados obtenidos de la investigación no existen elementos de los que se deduzca responsabilidad por culpa in vigilando del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, relacionado con el uso indebido de recursos provenientes del financiamiento público o que los mismos hubieran sido destinados para el pago de servicios personales cuyas actividades contravinieran la normativa en materia electoral».

 

Y aunque esos cinco años provocaron un profundo daño al protagonista de esta historia, que lo colocó incluso al borde de la muerte, Gutiérrez de la Torre continúo ejerciendo su autoridad en el partido en el que milita, y en el entorno político de la ciudad, como referente de un grupo que ganó posiciones tanto en el ámbito legislativo como en los cargos de dirección de ese instituto a base de perseverancia y trabajo, y que los actores políticos de la capital, de todos los partidos, reconocían.

 

Con los mismos elementos de hace cinco años, inicia una nueva etapa de esta cacería que orquestaron los priístas en contra de uno de sus cuadros que los increpó, los exhibió y los derrotó, con un elemento adicional: autoridades provenientes de la caterva de perredistas que mutaron en morenos y que no logran contener a la delincuencia en la ciudad, que no pueden articular acciones que desactiven a las bandas delictivas, que son incapaces de detener los asesinatos que se registran en calles y avenidas de la ciudad, a cualquier hora del día; violaciones, robos a automovilistas y transeúntes, y que requieren, según los más avezados, de cortinas de humo para desviar los reflectores de los asuntos que exigen total atención y que no encuentran respuesta ni solución.

 

Las voces que desde hace cinco años se unieron a esta embestida, como Teresa Ulloa, Lorena Villavicencio y Eduardo Huchim, entre otros, hoy festejan la decisión de los nuevos funcionarios de la procuraduría local, de reabrir el caso, y exigen además sancionar las omisiones que supuestamente cometieron el extitular de la PGJDF, sus fiscales y desde luego, Miguel Mancera.

 

Es decir, que si de nueva cuenta las autoridades no encuentran elementos que acrediten algún delito al exlíder del PRI, como seguramente ocurrirá, que llamen al ex procurador, a los agentes del Ministerio Público y demás implicados en las investigaciones, para continuar con el espectáculo mediático.